La Plataforma por la Defensa de Redes denuncia ante la Procuradora General de Asturias la actuación del gobierno en Caliao (Caleao)

La Plataforma por la Defensa de Redes denuncia la actitud del Director General de Recursos Naturales y la del Delegado del Gobierno, Antonio Trevín. 13-Octubre-2006 Nota de prensa de la Plataforma

La Plataforma presentan una queja ante la Procuradora General de Asturias por la actuación del Gobierno del Principado de Asturias en la acción contra el embalse de Caliao (Caleao), concejo de Caso, y la Delegación del Gobierno, en las jornadas de protesta pacífica contra el proyecto de construcción de un embalse, celebradas los días 22 a 24 de septiembre de 2006

La Plataforma por la Defensa del Parque Natural de Redes está constituída por las siguientes organizaciones:

ANA (Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza), Asturias Pedalea, Asociación de Vecinos de Blimea, Avall (Llanes), Bloque por Asturies, Cambalache, CCOO (Unión Comarcal del Nalón), Asociación Medioambiental La Cirigüeña (Morcín), Colectivo Ecologista de Avilés, Colectivo Montañero por la Defensa de Picos de Europa, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (CAVASTUR), Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies, Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Ecoloxistes n’Aición, GREEN (Grupo de Recuperación y Estudio de Espacios Naturales), Grupo Ecologista Cuerria (Laviana), Grupo Ecologista La Llavandera (Llangréu), Izquierda Asturiana, Izquierda Unida, Jóvenes por la Ecología, Senda Nova y Los Verdes, así como otras personas residentes en el Valle del Nalón.

En la primavera de 2006, la citada Plataforma acordó celebrar en el pueblo de Caliao, concejo de Caso durante los días 21 a 24 de setiembre de 2006 unas jornadas-acampada de sensibilización ambiental para tratar, entre otras cosas la situación del proyecto de embalse en ese pueblo y su relación con la Nueva Cultura del Agua.

Con fecha 9 de mayo de 2006, Joaquín Arce Fernández, Representante de las asociaciones ecologistas en la junta del Parque Natural de Redes solicitó al Ayuntamiento de Caso autorización y ayuda para realizar esas Jornadas/acampada.

Con fecha 23 de mayo de 2006 la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Caso acordó:
-Aprobar la autorización solicitada
-Colocar los contenedores de basura necesarios
-Concederles una ayuda económica de 250 euros

La citada actividad comenzó a organizarse y a anunciarse desde ese momento en todo el valle del Nalón.
La prensa recogió esa actividad en varias ocasiones.

Con fecha 14 de setiembre de 2006 se informó del programa de la acampada al nuevo Director del parque Natural.

Con fecha 20 de septiembre de 2006, Joaquín Arce recibe por correo electrónico escrito del Director General de Recursos Naturales en el que se indica que la acampada prevista en su opinión es un “uso no permitido” en el Parque, citando parcialmente un apartado del PRUG publicado en junio e ignorando el punto siguiente de ese apartado en el que se dice que determinadas acampadas son uso autorizable por la Comisión Rectora.
Telefónicamente Arce informa a funcionarios de la Dirección General de que se contaba con una autorización escrita del Ayuntamiento, de que la acampada se celebraba en un área recreativa situada junto al propio pueblo de Caliao, en Zona de Uso General y propiedad del Ayuntamiento (no en el monte o en un área de especial protección), donde habitualmente se consiente acampar durante el verano, de que el PRUG citado fue aprobado con posterioridad a la autorización y de que, en todo caso, las jornadas-acampada serían un uso autorizable por encajar en las actividades previstas en el apartado 15.3.8.2, cumpliéndose en la actividad los requisitos previstos en el punto 15.3.8.3.

La Dirección General ignora todas esas explicaciones y pese a todo, decide mantener la prohibición de la acampada, comunicándoselo a la Delegación del Gobierno.

Asimismo, una vez que la prohibición de la Consejería se hizo pública al día siguiente, el Consejero de Justicia y Seguridad Pública del Principado de Asturias declaró a la prensa que debería retirarse la prohibición de la Consejería de Medio Ambiente e invitó a la sociedad a participar en la acampada.

Visto esa diferencia de opiniones y considerando que la actividad prevista es, en términos generales, conforme a derecho y que el escrito y la interpretación del Director General de Recursos Naturales era errónea, ( y, en todo caso, de menor crédito administrativo que la del Consejero de Justicia) , que respondía únicamente a motivaciones políticas y que suspender la acampada dificultaría la realización de las jornadas y el cumplimiento de los objetivos de la misma, limitando de forma importante la libertad de expresión y reunión, los organizadores deciden continuar con el programa previsto (además en el pueblo de Caliao no hay otra posibilidad de alojamiento posible para las más de 100 de personas que estaba previsto que participaran a las jornadas)

El viernes 22 de setiembre por la tarde, cuando los primeros participantes se presentan en el área recreativa (hacia las 17.30 o 18 horas) la Guardia Civil instala un control de carreteras a varios km del pueblo y detiene e identifica a las personas que se dirigen a Caliao, preguntándoles a donde van, e indicándoles que está prohibida la acampada prevista. Este control resulta muy intimidatorio para las personas afectadas, dificultando incluso el acceso de los periodistas, televisiones y fotógrafos que pretendían cubrir el acto.

Además otra dotación importante de efectivos de la Guardia Civil (al menos 6), junto con dos guardas rurales se acercan al área recreativa y anuncian a los que allí se hallaban que por orden del Principado no pueden realizar la acampada prevista y deben desmontar las tiendas ya instaladas.

Joaquín Arce, como representante de las asociaciones ecologistas en la Junta del Parque se hace responsable de la acampada y les muestra y les entrega una copia de la autorización de la que dispone, pidiéndoles que la lean y la consulten con sus superiores.

Los guardias leen y consultan, pero inmediatamente reciben órdenes de rechazar la validez del documento presentado y comienzan a pedir la identificación del responsable y de las demás personas que van a montar una tienda, una persona por tienda. En ese momento, aproximadamente unas 10 personas. Asimismo indican que están a la espera de instrucciones en relación a que hacer con las personas que efectivamente hayan montado la tienda. La situación por el número de guardias y la incertidumbre, resulta tensa y también muy intimidatoria, aunque la actitud de la mayoría de los guardias fue correcta.

Además los Guardias permanecen allí, insistiendo en el tema, mientras van llegando más personas y los medios de comunicación, con lo que las primeras actividades de las Jornadas: la presentación y una proyección de diapositivas en las escuelas del pueblo, no pueden realizarse según el programa previsto.

Finalmente, hacia las 19 o 20 horas, los Guardias Civiles reciben órdenes de retirarse del área recreativa y de dejar de advertir e identificar a todos los que llegan, pero siguen patrullando el pueblo durante todo el fin de semana. Las jornadas entonces comienzan a realizarse.

A lo largo del resto del viernes, el sábado y el domingo continuó llegando gente a las Jornadas /acampada (unas 200 personas) y se instalaron en el área unas 40 tiendas y ni la Guardia Civil ni los guardias rurales del Principado volvieron a pedir identificaciones, ni amenazar con sanciones.

También es importante señalar que el debate principal de las Jornadas, que se celebró el sábado por la tarde y en el que participaron además de los organizadores, representantes de la Coordinadora de Itoiz, (y sólo ese debate) fue filmado en su totalidad por personas no suficientemente identificadas y con finalidades poco explicadas, cosa que nunca había ocurrido con anterioridad en las reuniones de la Plataforma de Redes. Sospechamos que esa filmación fue realizada para las fuerzas policiales dependientes de la Delegación del Gobierno.

Finalmente el lunes siguiente, fuentes de la Guardia Civil declararon a La Voz de Asturias: “no sabemos que tipo de sanción se ejecutará, aunque si sabemos que se tomará alguna medida ya que la acción estaba prohibida”

Y el martes en el mismo diario fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalaron que el grupo de campistas (¿se supone que los pocos identificados el viernes?) “deberán afrontar una multa de 60 euros por infracción leve por acampar de forma ilegal” y que “no existe ninguna denuncia sobre el comportamiento de los acampados”.

Visto todo lo anterior, los hechos descritos merecieron la siguiente valoración por parte de los organizadores de las Jornadas/Acampada:

Comunicado de la Plataforma de fecha 27 de setiembre de 2006:

El desproporcionado despliegue de policías y los controles de carretera intimidatorios de ese fin de semana en Caliao para intentar reprimir una acampada - jornadas de sensibilización ambiental, autorizada y subvencionada por acuerdo del 23 de mayo de 2006 del Ayuntamiento de Caso, refleja varias cosas:
1. El nulo talante democrático de Cristino Ruano, Director General de Recursos Naturales del Principado, y de Antonio Trevín, Delegado de Gobierno en Asturias, evidenciado en el intento de prohibir y reprimir un acto de esa naturaleza en el que se podrían emitir opiniones contrarias a los proyectos y los modelos de desarrollo impulsados por sus Gobiernos.
2. El importante despiste que tienen esas personas en relación a cuál es su función pública. Parece que se preocupan más por actuar como comisarios políticos que por ejercer las funciones de interés general que les asigna la ciudadanía (luchar contra la delincuencia y proteger los recursos naturales de Asturias de las amenazas ciertas: la contaminación, los incendios, los proyectos de gran impacto ambiental,etc).
3. La prepotencia y el desprecio absoluto mostrados por esas dos personas hacia la veintena de organizaciones sociales convocantes de los actos: asociaciones ecologistas y vecinales, sindicatos, partidos políticos, fundaciones, etcétera, todas ellas con una importante base social.
4. La prepotencia y el desprecio intolerable que también mostraron hacia el Ayuntamiento de Caso, al ningunear totalmente la autorización expresa y el apoyo que ese Ayuntamiento había dado al acto. Especialmente grave si tenemos en cuenta que, pese a la posible descoordinación administrativa y los problemas de competencias que pudieran haber existido, la legitimidad democrática del Ayuntamiento es mucho más directa que la de los dos cargos citados, y creemos que debe ser siempre respetada.”
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Asimismo la plataforma acordó presentar una queja ante la Procuradora General del Principado de Asturias por violación de los derechos y libertades.

Por todo ello, Joaquín Arce Fernández, representante de las asociaciones ecologistas en la Junta del PN de Redes, DNI 9.357.808 M, con domicilio en Urbanización Monsacro B 21 Santa Eulalia de Morcín, 33162 Asturias, y miembro de la Plataforma citada, presenta ante la Procuradora General del Principado una Queja sobre la actuación del Director General de Recursos Naturales y del Delegado del Gobierno y solicita que la Procuradora investigue el asunto y se pronuncie sobre si esos cargos han vulnerado, como denunciamos, los derechos fundamentales de circulación, reunión, expresión, privacidad y participación en los asuntos públicos y han efectuado prácticas de mala administración.

Asimismo se solicita que se de instrucciones para que se archiven los posibles expedientes de sanción que se hayan podido abrir a los identificados el viernes, 22 de setiembre de 2006.

Destacando, además de lo ya señalado, lo siguiente:

1.-Parece claro que el escrito de Cristino Ruano, en su afán de prohibir tajantemente la acampada, interpreta conscientemente de forma sesgada la normativa del parque (ya que, en todo caso, la acampada/jornadas sería un uso autorizable y no un uso no permitido) e ignora, de forma también consciente, un hecho muy relevante: que, independientemente de la posible diferencia de criterio que pudiera existir entre La Dirección General y el Ayuntamiento sobre a quien corresponderían las competencias, la acampada había sido autorizada previamente por el Ayuntamiento. Y también que la acampada había sido autorizada antes de la publicación del PRUG.

2.-Parece evidente que desde la Delegación del Gobierno ha habido una utilización injustificada y desproporcionada de las fuerzas de orden público, de las grabaciones y de los controles de carretera, que seguramente están para cuestiones de mayor gravedad y justificación.

3.-Esa utilización de las fuerzas de orden público (armadas) para resolver problemas de orden administrativo menor o para actuar en el ámbito del debate político, aparte de limitar los derechos civiles de los ciudadanos, es muy peligrosa porque puede provocar más problemas de orden público que los que resuelve. Afortunadamente, el carácter pacífico de los asistentes y las organizaciones convocantes, la presencia permanente en el lugar de los medios de comunicación, y la correcta actitud de los efectivos de la Guardia Civil, que, pese a las absurdas ordenes recibidas, mostraron suficiente experiencia y supieron valorar bien la utilización política de la que eran objeto por sus superiores, evitó que se hubieran producido incidentes que ahora tendríamos que lamentar.

Fdo: Joaquín Arce Fernández
Representante de las Asociaciones Ecologistas en la Junta del Parque Natural de Redes y miembro de la Plataforma de defensa del citado parque natural.