La Consejería de Medio Ambiente inicia un expediente sancionador contra doce personas

La Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias inicia, seis meses después, un procedimiento sancionador contra doce personas, entre las muchas que entre los días 22 y 24 de septiembre de 2006 participaron en una acampada en el área recreativa de Caliao. El encuentro de aquellos días se enmarcaba dentro de unas jornadas de sensibilización ambiental organizadas por la Plataforma y donde, en consecuencia, el escrupuloso cuidado del entorno inmediato fue un principio básico

La Consejería inicia expedientes sancionadores

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras está iniciando y notificando en estos días, casi seis meses después de los hechos, un procedimiento sancionador a una docena de personas identificadas y denunciadas por la Guardia Civil. Esas identificaciones se realizaron a petición del Director General de Recursos Naturales del Principado, Cristino Ruano, en los primeros momentos de las jornadas de divulgación ambiental/acampada de Caliao el día 22 de septiembre de 2006. Al resto de las numerosas personas acampadas y asistentes, ese día y los días siguientes, no se les denunció y no se les expedientará.

La acampada de Caliao, desarrollo y objetivos

Las Jornadas de sensibilización ambiental, que incluían la acampada de Caliao, fueron organizadas por la Plataforma por la Defensa de REDES los días 22 a 24 de Septiembre de 2006, para defender las propuestas de Gestión de la Demanda, enmarcadas en lo que se denomina Nueva Cultura del Agua y exigir la paralización del proyecto de construcción del embalse de Caliao.

Esta actividad fue prohibida en el último momento por el citado Director General de Recursos Naturales, comunicándolo al Delegado del Gobierno que, a su vez, envió varias dotaciones de la Guardia Civil que establecieron controles intimidatorios en la carretera de acceso a Caliao y en el área recreativa, lugar de las jornadas, y exigieron la identificación de la personas allí reunidas e instándolas a abandonar la idea de pernoctar en dicha área, donde previamente se habían instalado los contenedores y servicios higiénicos necesarios para las jornadas.

A pesar de ello, las jornadas fueron un éxito de participación, contaron en todo momento con la autorización expresa, el apoyo y la ayuda económica del Ayuntamiento de Caso, y durante esos días se celebraron debates sobre otras formas de gestionar el agua, y excursiones por la zona para mostrar los valores ambientales y paisajísticos del parque, entre ellos la berrea que esos días tenia lugar, valores que corren el riesgo de desaparecer de construirse el embalse.

En su momento, la Plataforma convocante consideró un atentado contra las libertades políticas la postura del Director de Recursos Naturales de prohibir dichas jornadas, así como la del Delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, que puso en marcha el dispositivo policial para intentar reprimirlas. Desde la Plataforma se presentó una denuncia, en el juzgado de Pola de Laviana, de esta actitud represiva por parte de las autoridades y una queja ante la Procuradora General, la cual, unos meses después archivó el expediente, en lo referente al Principado de Asturias[1], alegando que oficialmente “no hubo resolución administrativa del Principado de Asturias que declarase prohibida la acampada, ni tampoco fue autorizada”. Debido a esa falta de expediente, la Procuradora no quiso entrar a valorar el asunto.

Valoración por parte de la Plataforma de los expedientes sancionadores

La Plataforma considera que, tanto el intento de impedir la acampada en su momento, como los expedientes sancionadores que ahora se inician, son hechos graves que reflejan, una vez más en los últimos meses, una política represiva contra los movimientos sociales y sindicales asturianos.

Desde la Plataforma creemos que lo único de lo que se puede acusar a las personas acampadas es de defender un hermoso valle que algunos quieren sepultar bajo las aguas. Cuando un patrimonio de cultura, de memoria, de belleza o de bienestar natural es destruido desde la sinrazón, l@s afectad@s somos tod@s.

Por todo ello, exigimos la retirada de los expedientes, el fin de los intentos de represión y el desarrollo de políticas de gestión de los recursos naturales más racionales y respetuosas con el medio ambiente.

[1] El expediente, en lo relativo a la actuación del Delegado del Gobierno, fue trasladado por la Procuradora General al Defensor del Pueblo estatal en octubre de 2006, por considerarlo de su competencia. El Defensor del Pueblo todavía no se ha pronunciado sobre el asunto.