Las nuevas políticas del agua, próximas a la llamada Nueva Cultura del Agua, son capaces de garantizar a largo plazo el suministro del recurso a la población y el sistema económico, mediante medidas de eficiencia, ahorro y reutilización. El programa electoral del PSOE, hecho público recientemente, reitera las políticas hidraulistas y desarrollistas del pasado alejadas de la sostenibilidad, donde el "interés general" lo marcan las élites empresariales. Una reflexión de Beatriz González Fernández y Eduardo Menéndez Casares, autores del libro "Más agua, ¿para qué?" y miembros de Ecoloxistes n'Aición.
Hasta hace no demasiado tiempo el lenguaje y el tipo de crítica que realizaba el movimiento ecologista era visto con antipatía por muchos de los representantes de partidos políticos, fundamentalmente de aquéllos que se mueven en la esfera del poder político. Sin embargo, en estos momentos y más en este período preelectoral, esos mismos políticos muestran su más ferviente entusiasmo con aquellas ideas que no hace mucho denostaban. Las declaraciones teñidas de verde son hoy manifestaciones que entran en el ámbito de lo que se dio en llamar «políticamente correcto», y en ello ha tenido su contribución la constatación de un hecho incontrovertible, del que desde el movimiento ecologista se venía alertando, el riesgo de producir un cambio climático como consecuencia de nuestro modelo de vida occidental, basado en un elevado consumo de materia y energía y que tiene en los residuos otro efecto negativo añadido.
Sin embargo, no sólo los residuos gaseosos de efecto invernadero son los que ponen en tela de juicio nuestro modelo de producción y consumo, sino que otras muchas actuaciones humanas están degradando los ecosistemas naturales de tal manera que es urgente desarrollar otras políticas que alteren en menor medida esos delicados sistemas. Esto requiere actuar, desde hoy, con perspectiva de futuro en todo el sector productivo, imprimiendo el sello de la sostenibilidad y la justicia social, porque ambas cuestiones van unidas; la escasez de recursos en un sistema de mercado discrimina a las clases más humildes, que no pueden pagar los precios cada vez más elevados. La perspectiva con la que debemos trabajar es la que entiende que el sistema económico es un subsistema de la naturaleza, invirtiendo la concepción con la que se ha actuado hasta ahora.
Centrándonos en Asturias y, más concretamente en el agua, nuestra región forma parte de la denominada España verde, y ello se debe a que existe una alta pluviometría que puede satisfacer las necesidades de evapotranspiración que nuestro manto vegetal requiere; así, se desarrollan ecosistemas asociados al río, a los valles boscosos de nuestras montañas, a las desembocaduras de nuestros cursos fluviales, etcétera. ¿Se puede seguir manteniendo el mito de que un río es excedentario y que puede funcionar con el llamado «caudal ecológico» definido como el 10% del caudal medio interanual? A ningún río le sobra agua, somos los seres humanos quienes hemos de extraer la menor cantidad posible para satisfacer nuestras necesidades, y para ello deberíamos olvidarnos de la política hidraulista que se ha hecho hasta ahora y que la Federación Socialista Asturiana quiere seguir desarrollando en nuestra región con el impulso de más infraestructuras hidráulicas, como son la presa de Caliao y el trasvase de Arbón.
Las nuevas políticas del agua, que ya se han comenzado a aplicar en algunos municipios y ciudades del resto del país, plantean otras formas de acceso al agua por parte de la población y del sistema económico que alteren lo mínimo posible los ecosistemas asociados al río mediante la implantación de medidas de eficiencia, ahorro y reutilización. En todos los lugares donde se implantaron políticas que podríamos enunciar como de Nueva Cultura del Agua se produjeron significativos descensos en los consumos. La campaña «Catalunya Estalvia Aigua» (Cataluña Ahorra Agua), desarrollada entre marzo de 2002 y julio de 2004, en forma de prueba piloto en tres municipios catalanes, concluyó con ahorros de entre el 4% y el 19%, dependiendo del tipo de instalación ahorradora y del consumo inicial de la vivienda. En Zaragoza, el proyecto «Zaragoza, ciudad ahorradora de agua», desarrollado por la Fundación Ecología y Desarrollo, logró en un año, entre otros objetivos, disminuir el consumo doméstico de la ciudad un 5,6%.
En Asturias, ¿qué medidas se han tomado en los últimos años para evitar los elevados volúmenes de agua que se pierden en la red (del 24%, superiores al 21,79% de media nacional)?, ¿qué medidas de fomento del ahorro, tanto doméstico como industrial, se han llevado a cabo? No todas las necesidades de agua requieren la misma calidad: el agua para ingesta o para algunos procesos industriales requieren muy buena calidad, pero ¿no se podrían utilizar aguas depuradas o reutilizarlas para el regadío de parques y jardines, para el riego de calles o para determinadas actividades industriales? ¿Por qué no se estudian los posibles usos del agua de las depuradoras de Gijón y Avilés en vez de construir carísimos emisarios submarinos para alejarla de la costa? La posible utilización de las aguas de minas abandonadas requiere inversiones en estudios sobre su calidad; la instalación de pozos de sequía para atender demandas de abastecimiento urbano durante períodos de estiaje prolongado requiere estudiar con detalle los acuíferos, abundantes en la mayor parte de la zona centroriental de la región. Todas las posibilidades expuestas, sumadas a las actuales infraestructuras, permitirían garantizar de una forma más descentralizada el abastecimiento de agua en Asturias.
Entre los argumentos utilizados por los promotores del embalse de Caliao se dice que responde al interés general, ya que, de no construirse, Asturias podría sufrir desabastecimiento en la hipótesis de un período prolongado de sequía, advirtiendo de que llevamos seis años por debajo de la llamada «curva de garantía». Pero, ¿qué cantidad de agua deberíamos tener acumulada para no estar expuestos a ninguna eventualidad? En Asturias existe una media de consumo de 172 litros por persona y día, superior a la media nacional de 165 litros (datos del INE para el año 2004), pero hay zonas de Estados Unidos donde se producen consumos de 800 litros ¿Acaso no existirían problemas de abastecimiento, incluso si se construyera la presa, si en Asturias alcanzáramos un consumo similar al de estas zonas de EEUU?
No es posible proporcionar toda el agua que se pueda desear, porque es un bien limitado, y una política sostenible debe asumir esa realidad mediante una gestión basada en una extracción de agua que cause el menor impacto posible a los sistemas naturales y en desarrollar actividades económicas que respondan a esos criterios. Si potenciamos un turismo masivo en nuestras costas, los consumos de agua se dispararán precisamente en los períodos de máximo estiaje y si, además se potencian las urbanizaciones con campos de golf a modo de jardín (que consumirán en los períodos secos como una pequeña ciudad de 10.000 habitantes), difícilmente existirá alguna política del agua que lo resista.
El interés general no puede venir marcado por las élites económicas bajo el pretexto del incremento del PIB mientras realizan sus negocios con el cemento, el hormigón y la producción de energía eléctrica, destruyendo un valle que es un patrimonio natural de gran valor y un elemento fundamental de satisfacción de las necesidades emocionales de muchas personas, a la vez que hace imposible para el futuro un uso del terreno para actividades tan fundamentales como la agricultura y ganadería ecológicas.
En la última semana se ha hecho pública la intención del PSOE de incluir en su programa electoral la construcción de la presa de Caliao. El Presidente del Principado ve con buenos ojos la construcción de nuevas autovías a propuesta de los empresarios de la construcción, que las consideran «necesarias para Asturias». Además, se continúa insistiendo en la importancia que tendrá para la región el desarrollo del área central.
Todos estos proyectos, a los que intentan maquillar de «verdes», reflejan la concepción que este partido tiene del desarrollo sostenible; nada dicen sobre el desarrollo rural, tan necesario para evitar el despoblamiento del campo; tampoco sobre el impulso al transporte público, cuando se sabe que uno de los grandes responsables del cambio climático es el uso masivo del automóvil; no se menciona ningún proyecto relacionado con el ahorro y la eficiencia energética, pero continúan invirtiendo grandes cantidades de dinero en el mismo tipo de políticas que han llevado al planeta a la degradación actual.
jueves, 19 de abril de 2007
Se exigen explicaciones sobre la política sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente
Los colectivos ambientales asturianos exigen explicaciones sobre la política sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente, tras los expedientes incoados contra los participantes en la acampada celebrada el pasado septiembre dentro de las jornadas de sensibilización ambiental organizadas entonces por la Plataforma. Denuncian tanto la instrumentalización de la Administración con fines partidistas como el paradójico desentendimiento ante las denuncias presentadas por los propios funcionarios de la Consejería sobre varios casos de furtivismo. Sin embargo, para estas otras graves denuncias no se abre expediente alguno.
En días pasados se conoció la noticia de que la Consejería de Medio Ambiente había abierto expediente sancionador a varios miembros de la Plataforma de Defensa de Redes por acampada ilegal, con relación a los actos reivindicativos contra la presa de Caliao. Todo ello en el vertiginoso plazo de seis meses desde que se produjeran los hechos.
Por el contrario, paradójica e irónicamente, la Sección de Régimen Jurídico y la Secretaria Técnica de la Consejería de Medio Ambiente no han resuelto ni han abierto expedientes sancionadores de varias denuncias realizadas (un número sin determinar) por parte de la Guardería de Medio Natural. En este caso se trata de denuncias por furtivismo, algo tan grave legalmente como moralmente cuestionable.
Este problema ya ha sido denunciado en el pasado por sindicatos y por entidades ambientalistas. Recientemente se ha repetido la situación, siendo de nuevo miembros del colectivo de Guardería, afectados por partida doble, como ciudadanos y como profesionales, los que han dado la voz de alarma.
Por ello es necesario denunciar esta situación de deterioro y anormal funcionamiento de un organismo público, que pone en entredicho su independencia. Resulta evidente, en este caso, la instrumentalización que de sus competencias están haciendo los responsables políticos de la Consejería de Medio Ambiente y el Gobierno del Principado de Asturias, con fines partidistas, electoralistas y clara parcialidad. Consideramos que esta situación afecta profundamente a algo tan fundamental como son las instituciones y al estricto cumplimiento de la ley.
Por encima de cualquier consideración exigimos, como conservacionistas y como ciudadanos, una aplicación escrupulosa de la normativa legal en la tramitación, seguimiento y resolución de los expedientes sancionadores en materia ambiental, algo que, insistimos, no está sucediendo.
De la misma manera, exigimos que por parte de la Consejería de Medio Ambiente se ofrezca una explicación pública sobre lo que ha sucedido y está sucediendo con algunos expedientes sancionadores en materia de caza y pesca. De no ser así, el Gobierno del Principado de Asturias tiene la obligación de depurar las responsabilidades que se deriven de estos hechos.
En días pasados se conoció la noticia de que la Consejería de Medio Ambiente había abierto expediente sancionador a varios miembros de la Plataforma de Defensa de Redes por acampada ilegal, con relación a los actos reivindicativos contra la presa de Caliao. Todo ello en el vertiginoso plazo de seis meses desde que se produjeran los hechos.
Por el contrario, paradójica e irónicamente, la Sección de Régimen Jurídico y la Secretaria Técnica de la Consejería de Medio Ambiente no han resuelto ni han abierto expedientes sancionadores de varias denuncias realizadas (un número sin determinar) por parte de la Guardería de Medio Natural. En este caso se trata de denuncias por furtivismo, algo tan grave legalmente como moralmente cuestionable.
Este problema ya ha sido denunciado en el pasado por sindicatos y por entidades ambientalistas. Recientemente se ha repetido la situación, siendo de nuevo miembros del colectivo de Guardería, afectados por partida doble, como ciudadanos y como profesionales, los que han dado la voz de alarma.
Por ello es necesario denunciar esta situación de deterioro y anormal funcionamiento de un organismo público, que pone en entredicho su independencia. Resulta evidente, en este caso, la instrumentalización que de sus competencias están haciendo los responsables políticos de la Consejería de Medio Ambiente y el Gobierno del Principado de Asturias, con fines partidistas, electoralistas y clara parcialidad. Consideramos que esta situación afecta profundamente a algo tan fundamental como son las instituciones y al estricto cumplimiento de la ley.
Por encima de cualquier consideración exigimos, como conservacionistas y como ciudadanos, una aplicación escrupulosa de la normativa legal en la tramitación, seguimiento y resolución de los expedientes sancionadores en materia ambiental, algo que, insistimos, no está sucediendo.
De la misma manera, exigimos que por parte de la Consejería de Medio Ambiente se ofrezca una explicación pública sobre lo que ha sucedido y está sucediendo con algunos expedientes sancionadores en materia de caza y pesca. De no ser así, el Gobierno del Principado de Asturias tiene la obligación de depurar las responsabilidades que se deriven de estos hechos.
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